En el ‘Día internacional de conmemoración de las víctimas de actos de violencia basados en la religión o las creencias’, ACN se hace eco de una historia que ilustra el problema -muy extendido- de las conversiones y los matrimonios forzados. En 2021, se registraron al menos 78 casos de conversiones forzosas en Pakistán.
“Mi hermana y yo habíamos pedido ropa nueva, pero mis padres no podían permitírselo. Mi madre sólo trabajaba en dos casas y nosotras queríamos apoyar a nuestros padres”, explicó Saba, de 15 años, a ACN.
El 5 de mayo de 2022, a las 9:30 horas de la mañana, cuando se dirigía a limpiar una casa, fue secuestrada por su vecino musulmán Yasir, un obrero de la construcción.
“Detuvo su rickshaw en una calle, otros dos llegaron en moto. Empujó a mi hermana mayor a un lado y me metió por la fuerza en el rickshaw. Me puso en la cara un pañuelo empapado con un producto químico intoxicante”, ha contado Saba a ACN.
Saba se despertó en Gujrat, a 209 kilómetros al noreste de Faisalabad. “Le supliqué que me dejara volver con mis padres e incluso dejé de comer durante unos días, pero no cedió”, dice Saba.
Poco después, la policía de Faisalabad informó a su padre, Nadeem Masih, un empleado de limpieza, de que Saba se había casado con Yasir. “Entonces, el agente nos dijo que nos fuéramos y esperáramos a que llegara el contrato matrimonial islámico”, explica Masih, que pertenece a la Iglesia protestante de Esmirna en Pakistán.
Las minorías religiosas viven con miedo en Pakistán, donde la mayoría de los convertidos por la fuerza son hindúes de castas bajas de la provincia meridional de Sindh y cristianos de la provincia de Punjab. Tras la conversión, los clérigos locales expiden contratos matrimoniales islámicos, formalizando así el matrimonio de la víctima con su secuestrador musulmán. La pobreza, la falta de educación y el bajo estatus social de las niñas menores de edad pertenecientes a minorías las hace especialmente vulnerables al matrimonio y la conversión forzosos.
La Ley de Restricción del Matrimonio Infantil de 1929 establece que las niñas no pueden casarse antes de los 16 años y los niños no antes de los 18. En 2014, en la provincia de Sindh, el Gobierno local elevó la edad a 18 años para ambos sexos y convirtió el matrimonio infantil en un delito punible.
No obstante, a pesar de dicha ley, es habitual que se ignoren estos límites de edad. Además, no hay restricciones de edad para la conversión al islam, y los certificados emitidos por madrazas o clérigos se pueden presentar como prueba de una conversión supuestamente válida. Los medios de comunicación suelen hacerse eco de los casos de conversiones y matrimonios forzosos, especialmente, cuando la niña es menor de edad. Sin embargo, incluso cuando los padres acuden a la policía, esta no suele recuperar a la niña y, en muchos casos, los padres, por miedo, no acuden a las autoridades.
Según el Centro de Justicia Social con sede en Lahore -una organización independiente de investigación y defensa de las víctimas-, solo en 2021 se registraron al menos 78 casos de conversiones forzadas o involuntarias de 39 niñas menores hindúes y 38 cristianas, además de una niña sij. Sin embargo, según algunas estimaciones, el número de matrimonios y conversiones forzados es mucho mayor.
Al menos dos importantes proyectos de ley -el de Prevención y Protección de la Violencia Doméstica de 2020 y el de Prohibición de Conversiones Forzadas de 2021- no lograron traducirse en leyes el año pasado, debido a las objeciones del Consejo de Ideología Islámica.
En busca de esperanza, los parientes católicos de Masih llevaron a la familia a la oficina diocesana de Faisalabad de la Comisión Nacional de Justicia y Paz (CNJP) de los obispos católicos, cuya labor es apoyada por ACN. Allí se documentó su caso y se envió un informe a la oficina nacional de la CNJP en Lahore.
El 29 de mayo, Masih recibió una llamada telefónica del tío de Yasir -el secuestrador-, quien le dijo que su hija había sido abandonada cerca de un parque frente a la comisaría de policía de Madina Town, en Faisalabad.
“Me llevé conmigo a tres hombres cristianos de refuerzo para recuperar a mi hija. Lloramos ante la comisaría. Ahora, estamos a la espera del informe médico de Saba de la policía”, dijo.
El P. Khalid Rashid, director diocesano del CNJP, ha exigido la detención del autor: “Yasir vivía en la casa de al lado y Saba solía llamarlo ‘tío’. Su mujer, que afirma que se ha casado tres veces, ha accedido a prestar declaración policial contra él. Es un drogadicto que ahora está en libertad”.
Y el sacerdote añade: “Es raro que se logre recuperar a estas niñas y la gente suele rendirse a mitad de camino. No obstante, nosotros nunca haremos compromisos a costa de la dignidad de estas niñas, pues se trata de una flagrante violación de los derechos humanos perpetrada por personas que hacen un uso indebido de la religión”.