Libertad religiosa en México es el tema central del mensaje emitido por la Conferencia del Episcopado Mexicano con motivo del centenario de la promulgación de la llamada «Ley Calles», normativa que impuso severos límites a la vida eclesial y sometió el ministerio sacerdotal al control directo del Estado. Bajo el título «Callaron las campanas de los templos, habló su sangre» y el subtítulo «Memoria de nuestros mártires, libertad religiosa y construcción de la paz», los obispos recordaron que la ley entró en vigor el 31 de julio de 1926. Ante la imposibilidad de ejercer libremente su ministerio, los prelados decidieron suspender el culto público en todo el país a partir del 1.º de agosto de 1926, iniciando uno de los capítulos más dolorosos de la historia nacional.
El legado de los mártires y las restricciones normativas actuales
El documento rinde homenaje al testimonio de los mártires que murieron perdonando a sus verdugos y subraya que la Iglesia aprendió «a un precio altísimo» que la libertad de fe es un derecho inherente a toda persona cuya negación siempre cuesta sangre. Aunque la jerarquía eclesiástica reconoce los avances y reformas legislativas logradas desde entonces, denuncia que la libertad de culto en el país aún no es plena debido a restricciones incompatibles con una democracia madura:
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Límites al culto público: Persisten trabas para el ejercicio ordinario de actos religiosos fuera de los templos.
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Medios de comunicación: Existe una imposibilidad legal para que las asociaciones religiosas accedan a concesiones de radio y televisión.
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Educación: Se imponen modelos educativos no consensuados que restringen la libertad de los padres para elegir la educación religiosa de sus hijos.
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Cultura política: La clase política mantiene un clima de desconfianza que impide a los creyentes defender y vivir sus convicciones en la esfera pública.
Libertad religiosa en México amenazada por el crimen organizado
Los obispos denuncian que la situación alcanza niveles alarmantes cuando el Estado permite que el crimen organizado actúe como un gobierno paralelo que controla territorios enteros, anulando los derechos humanos mediante secuestros, extorsiones, asesinatos y la deformación de la conciencia de los jóvenes. Esta violencia generalizada impide que diversas comunidades ejerzan su fe con libertad:
«La sangre de sacerdotes asesinados en el ejercicio de su ministerio —entre ellos nuestros hermanos jesuitas de Cerocahui, el padre Marcelo Pérez en San Cristóbal de las Casas, y otros más— nos dice que la lista de los testigos no se cerró en 1929».
Esta denuncia coincide con las conclusiones del Informe sobre la Libertad Religiosa 2025 publicado por ACN, el cual alerta sobre el incremento de la discriminación y violencia contra líderes religiosos por oponerse a grupos armados. Según datos oficiales del estudio:
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Periodo 2023–2024: Se registraron tres sacerdotes asesinados y cinco casos de agresión con agravantes.
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Sexenio 2018–2024: Durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador (diciembre de 2018 a septiembre de 2024), diez sacerdotes fueron asesinados y otros diez fueron víctimas de actos violentos.
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Delitos contra la Iglesia: En ese mismo periodo se contabilizaron cerca de 900 episodios de extorsión (secuestros, robos e intimidaciones) y un promedio de 26 ataques o profanaciones semanales a recintos sagrados.
«Ante la falta de acción del Estado, en las zonas dominadas por el crimen organizado, los líderes religiosos alzan su voz contra la violencia y asumen el papel de protectores de sus comunidades. Esto los convierte en objetivos para imponer el miedo y el silencio a los habitantes de los pueblos, lo que a su vez permite a los grupos criminales seguir traficando con armas y drogas».
Campaña internacional de ACN por el derecho a creer
La defensa de la libertad de conciencia constituye un pilar fundamental de ACN, razón por la cual la fundación pontificia respalda de forma categórica el llamado de los obispos mexicanos. Actualmente, la institución mantiene activa la campaña internacional de firmas «Protejamos el derecho a creer: un llamamiento mundial por la libertad religiosa», dirigida a líderes mundiales para exigir garantías y protección efectiva a este derecho humano.
