Los líderes de las Iglesias cristianas en Tierra Santa han protestado oficialmente contra un nuevo intento del Estado de Israel de imponerles ciertos impuestos. El caso más urgente en este momento afecta a la Iglesia Armenia, aunque muchas otras instituciones católicas también están involucradas.
Los patriarcas y líderes de las Iglesias locales de Jerusalén emitieron una declaración oficial condenando el último intento del municipio de Jerusalén de imponer un impuesto municipal, conocido como «Arnona», a las Iglesias. Según la declaración del 19 de febrero, la acción del municipio es “legalmente dudosa y moralmente inaceptable”.
El gobierno local emitió un juicio hipotecario contra el Patriarcado de la Iglesia Apostólica Armenia que, de concretarse, permitiría al municipio tomar posesión de las propiedades de dicha Iglesia por supuestos impuestos no pagados. La Iglesia Apostólica Armenia es una de las más pequeñas con presencia histórica en Tierra Santa. No obstante, la Iglesia Católica y la Iglesia Greco-Ortodoxa también se ven afectadas. La discusión sobre si las Iglesias deberían estar exentas de ciertos impuestos, incluido el Arnona, ha sido un tema de debate durante décadas.
Las relaciones entre las Iglesias cristianas y el Estado de Israel se rigen por un acuerdo conocido como “statu quo”, que data de la época del Imperio Otomano. Sin embargo, “el acuerdo de statu quo es un acuerdo político”, explicó Sami El-Yousef, director general del Patriarcado Latino de Jerusalén, en una conversación con una delegación de Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN) durante una visita al país. “Si nos atenemos a la ley vigente, no hay nada que diga que nuestras instituciones están exentas. Si acudimos a los tribunales, probablemente perderemos, por lo que este asunto requiere una solución política. Todas las Iglesias irán a la quiebra si tenemos que pagar según la ley”.
“A las Iglesias las están presionando para que paguen impuestos. Las conversaciones entre el Vaticano y el Estado de Israel comenzaron en 1994 y deberían haber concluido en 1996, pero aún siguen en negociación”, agregó Sami El-Yousef.
Sin embargo, en el caso específico del Patriarcado Armenio, las Iglesias sostienen que el municipio no ha seguido el debido proceso: “Especialmente alarmante es el intento del municipio de imponer una determinación de deuda sin escrutinio judicial y desafiando al comité gubernamental establecido para negociar tales asuntos de buena fe. Esta acción imprudente pone en peligro al Patriarcado Armenio-Ortodoxo y sienta un precedente peligroso que podría afectar a todas las instituciones cristianas en Tierra Santa”, señala la declaración conjunta de los patriarcas y líderes de las Iglesias locales de Jerusalén.
En otra declaración, el Patriarcado Armenio denuncia que la cantidad reclamada por el ente recaudador del municipio corresponde a supuestas deudas que datan de 1994, ignorando los plazos de prescripción e incluyendo propiedades que, en realidad, están arrendadas al propio municipio, el cual debe millones de shekels en alquileres atrasados. Por ello, acusan al ente recaudador de actuar “como parte demandante, juez y ejecutor, todo en uno, al servicio de los intereses de su empleador: el municipio”.
George Akroush, director de la Oficina de Desarrollo de Proyectos del Patriarcado Latino en Jerusalén, explicó a ACN que hay “grandes organizaciones que tienen iglesias, salas de conferencias, centros de formación y, quizás, una pequeña casa de huéspedes y una tienda de recuerdos. Ahora dicen que, debido a la existencia de una casa de huéspedes o una tienda de recuerdos, toda la propiedad debe pagar impuestos”.
En sus negociaciones, las Iglesias han destacado el invaluable papel social que desempeñan, argumentando que, si se ven obligadas a cerrar, esto representará una enorme carga para el propio Estado. Akroush añadió: “No hay suficientes escuelas, residencias de ancianos, centros para personas con discapacidad, orfanatos, centros culturales, hospitales ni otros servicios sociales para atender a la población. Las Iglesias, presentes aquí desde hace siglos, antes de que se estableciera el Estado de Israel, han asumido esa responsabilidad. Por lo tanto, deberían estar exentas. Si Israel impone estos impuestos, muchos servicios se verán obligados a cesar, ya que la Iglesia no podrá financiarlos. Ya operamos con déficit y necesitamos apoyo internacional. Esto significaría el fin de varios servicios vitales para los más pobres entre los pobres, quienes serán los más afectados”.
En Jerusalén, existen cuatro casos que afectan a instituciones católicas, y hay más en otras partes de Israel. “Han congelado las cuentas bancarias de las escuelas del Patriarcado Latino en Haifa. Nadie nos defiende, así que tuvimos que negociar. Logramos reducir la deuda de dos millones de shekels [más de medio millón de euros] a 500,000 shekels [134,000 euros], pero tuvimos que firmar un acuerdo que no menciona impuestos, sino ‘contribuciones municipales’. ¿Qué pasará el próximo año? Ya no contamos con la protección que creíamos tener”, declaró Sami El-Yousef a ACN.
“Esto es un claro intento del municipio de debilitar al Patriarcado Armenio sometiéndolo a presión económica, con el objetivo de reducir su presencia en Tierra Santa. Cualquier sentencia judicial sobre la supuesta deuda del impuesto Arnona sentará un precedente peligroso, extendiendo su aplicación a otras comunidades cristianas. Esto tendrá un impacto profundamente negativo en la presencia cristiana en Tierra Santa”, concluyó la declaración del Patriarcado Armenio.
En la declaración conjunta del 19 de febrero, los patriarcas y líderes de las Iglesias solicitan una solución política: “Este ataque contra una Iglesia es un ataque contra todas. No podemos permanecer en silencio mientras se tambalean los cimientos de nuestro testimonio cristiano en la tierra donde Cristo realizó su ministerio. Hacemos un llamado al primer ministro Benjamín Netanyahu, al ministro del Interior Moshe Arbel y al ministro Tzachi Hanegbi para que intervengan de inmediato, detengan todos los procesos de ejecución forzosa y garanticen la reanudación de las negociaciones dentro del comité gubernamental mencionado, con el fin de alcanzar, en aras de la justicia, una solución pacífica a este asunto”.
